El proceso de conformación del nuevo gabinete del gobierno de Nasry Asfura enfrenta cuestionamientos tempranos luego de que varios de los funcionarios designados o ratificados registran antecedentes de acusaciones, investigaciones o señalamientos vinculados a presuntos actos de corrupción o delitos contra la administración pública, según documentación pública y cobertura de medios nacionales.
Entre los casos más notorios figura Nelson Javier Márquez, nombrado en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). De acuerdo con reportes judiciales, Márquez ha enfrentado un requerimiento fiscal del Ministerio Público por presunto fraude y prevaricato relacionado con laudos arbitrales y demandas contra el Estado. Aunque el proceso ha tenido incidencias judiciales, el antecedente coloca su designación bajo escrutinio político.
Otro nombre que vuelve al foco es Tomás Zambrano, figura clave en la conducción del Congreso Nacional. Zambrano fue señalado en 2018 en el caso conocido como “Fe de Erratas”, impulsado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El proceso posteriormente concluyó con sobreseimiento definitivo, pero el expediente continúa siendo citado por sectores críticos como antecedente relevante.
También genera debate la incorporación de Mario Roberto Zerón Suazo al Servicio de Administración de Rentas (SAR). Informes periodísticos lo han vinculado a investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por presunto lavado de activos relacionado con hechos ocurridos en la Alcaldía Municipal del Distrito Central en años anteriores. Hasta la fecha, el caso se mantiene en el terreno de la investigación reportada.
En el ámbito económico, el subsecretario Fernando Antonio Fortín Macías registra antecedentes de una acusación por presunta defraudación fiscal que motivó actuaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en 2015, según archivos judiciales y cobertura de prensa.
Por su parte, el titular de COPECO, Reinaldo Sánchez Rivera, ha sido objeto de cuestionamientos públicos difundidos por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y medios de comunicación respecto al uso de fondos del denominado “Tasón”. Aunque estas controversias no equivalen necesariamente a un requerimiento fiscal formal en los reportes revisados, sí forman parte del debate público sobre transparencia.
A estos señalamientos se suma el nombramiento del nuevo procurador general, Dagoberto Aspra Iglesias, cuya trayectoria como abogado defensor de figuras vinculadas a casos emblemáticos de corrupción ha sido señalada por analistas como un posible foco de conflicto de interés institucional, dado que la Procuraduría General de la República representa legalmente al Estado en litigios patrimoniales.
Contexto político
La presencia de funcionarios con antecedentes polémicos no implica, por sí misma, responsabilidad penal ni culpabilidad, ya que varios procesos han sido archivados, sobreseídos o permanecen en etapas preliminares. Sin embargo, la reiteración de perfiles cuestionados dentro del nuevo equipo gubernamental abre un flanco de presión para la administración entrante en materia de credibilidad, transparencia y lucha contra la corrupción.
El desarrollo de los procesos judiciales pendientes y la eventual ausencia de nuevas imputaciones será determinante para medir el impacto real de estos antecedentes en la legitimidad del nuevo gabinete.
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