En la sesión del 25 de febrero, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica con el respaldo de 90 votos de diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, una decisión que ha provocado fuertes cuestionamientos desde sectores jurídicos y políticos.
Especialistas como el abogado Rasel Tomé y el exsecretario de Trabajo Wilmer Fernández sostienen que la normativa es inconstitucional, al considerar que pretende sustituir disposiciones constitucionales y convenios internacionales que protegen a la clase trabajadora. Según sus valoraciones, la ley podría facilitar despidos masivos, particularmente en el sector público.
El voto favorable del Partido Liberal ha sido uno de los puntos más criticados. Analistas y actores políticos señalan que esta postura contrasta con el papel histórico de esa institución en la defensa de los derechos laborales en Honduras.
El exdiputado y abogado Jari Dixon subrayó esa contradicción al recordar el origen liberal del Código del Trabajo. “El código del trabajo de Honduras fue aprobado en la administración del presidente liberal Ramón Villeda Morales; hoy diputados de ese mismo partido apoyaron una ley para violentarle los derechos laborales a miles de empleados en contubernio con el Partido Nacional”, expresó.
La aprobación de la Ley de Reactivación Económica continúa generando debate en distintos sectores, mientras juristas y organizaciones laborales advierten que podrían emprender acciones legales para impugnar la normativa por presunta inconstitucionalidad.
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