El Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de febrero de 2026, introduce una serie de medidas orientadas a la reestructuración del aparato estatal, con efectos directos en la situación laboral de los servidores públicos.
Entre los aspectos más sensibles se encuentra el tratamiento del personal que actualmente se encuentra bajo acuerdo de nombramiento, especialmente aquellos que previamente laboraron bajo la modalidad de contrato.
Uno de los cambios más relevantes es la derogación del acuerdo que reconocía la antigüedad laboral acumulada para efectos de cesantías y vacaciones al personal que había pasado de contrato a acuerdo de nombramiento. Esta disposición elimina el reconocimiento automático del tiempo servido bajo contrato para el cálculo de prestaciones, lo que podría traducirse en una reducción del monto de cesantía en futuros procesos de desvinculación.
Asimismo, el decreto establece que, en los procesos de liquidación derivados de la supresión o reorganización institucional, el personal permanente bajo el Régimen de Servicio Civil tendrá derecho al pago de prestaciones conforme a dicha normativa, mientras que el personal por contrato será indemnizado conforme al Código de Trabajo. Esto refuerza la importancia de la clasificación administrativa del trabajador al momento de determinar sus derechos.
Adicionalmente, se ordena a las instituciones públicas realizar revisiones exhaustivas de la legalidad de los nombramientos efectuados al cierre de la administración anterior, lo que podría derivar en procesos administrativos si se detectan irregularidades presupuestarias o procedimentales.
No obstante, desde una perspectiva jurídico-laboral, especialistas como Fredin Funez señalan que la eliminación del reconocimiento automático de antigüedad no necesariamente extingue derechos adquiridos cuando exista continuidad real de la relación laboral, subordinación permanente o condiciones propias de un vínculo laboral estable, aspectos que podrían ser objeto de análisis en sede administrativa o judicial.
En conclusión, el PCM-004-2026 introduce un cambio significativo para los empleados bajo acuerdo de nombramiento, particularmente para quienes migraron desde contratos temporales, al restringir el reconocimiento de su antigüedad previa. El impacto concreto dependerá de la situación individual de cada servidor público, de la naturaleza de su vínculo laboral y de las eventuales acciones de revisión o defensa que se promuevan en cada caso.
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