Organizaciones nacionales e internacionales han expresado a través de un comunicado su preocupación ante la activación de juicios políticos contra altos funcionarios del sistema de justicia y del ámbito electoral en Honduras.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Bufete Justicia para los Pueblos, el Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica (CIIC), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Cristosal Centroamérica, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Honduras Delegation en Alemania, La Vía Campesina Honduras, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, la Plataforma 25 de Noviembre, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Red de Mujeres contra la Violencia del Distrito Central, REDEMURH, el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, UDIMUF y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Según el pronunciamiento, el proceso contra el fiscal general Johel Zelaya se realizó de forma expedita en el Congreso Nacional y concluyó con su destitución y el nombramiento inmediato de Pablo Emilio Reyes. Asimismo, se inició un procedimiento contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien optó por renunciar a la presidencia del Poder Judicial, aunque se mantiene como magistrada.
Las organizaciones advierten que estos procesos se desarrollan en un contexto de alta polarización política y sin apego a estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el debido proceso, la legalidad y la independencia judicial.
Señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los juicios políticos deben respetar garantías fundamentales y alertan que su uso sin controles adecuados constituye una grave afectación al Estado de derecho.
Además, han expresado que Honduras ya ha sido condenada por este tipo de prácticas, por lo que insisten en la necesidad de adecuar estos mecanismos a estándares internacionales.
Finalmente, dichas organizaciones instan a las autoridades a evitar la instrumentalización del juicio político y a garantizar que cualquier proceso se realice con estricto respeto a la institucionalidad democrática y la independencia de poderes.
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